Entre los derechos colectivos consagrados en la Constitución de 1991, se hace referencia a la importancia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y establece las acciones de grupo como la forma idonea para protegerlos. En tal sentido, la Acción Popular es un mecanismo de gran relevancia cuando se trata de defender, como en el caso del humedal de Córdoba, el patrimonio natural de una región.
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