Como fue costumbre en la anterior administración el presupuesto de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá-EAB, que se deriva de las tarifas de servicio público y del préstamo en dólares aprobado por el Concejo de Bogotá en 2017, en lugar de ser invertido según lo indicado en su objeto institucional, se destinó en proyectos de urbanismo para turismo y movilidad al interior de los humedales.
El humedal de Córdoba no escapó a esta estrategia, con la enorme diferencia que mientras en los humedales de Jaboque y Tibabuyes se están construyendo zonas duras con un enorme impacto ambiental, en éste se construirán senderos angostos de 1,5 mt; elevados unos cm del suelo mediante pequeños pilotes, para permitir el paso del agua y de pequeños animales (en madera, metal y maderplast); miradores y la sede del humedal (Aula ambiental, ubicada en el sector dos).
¿Cuál es entonces la inconformidad? Que en la valoración de los proyectos del Plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental, aprobado en 2008, éste no es prioritario, con lo cual la EAB desconoce que la descontaminación del agua sí es la principal actividad a desarrollar en este ecosistema. Es además el compromiso plasmado en el Documento de Concertación que se firmó como lo ordenó el fallo del Tribunal de Cundinamarca.
Mientras la calidad del agua empeora con el paso de los años, los 16.000 millones de pesos que serán pagados por esta obra, contratada en diciembre de 2019, debieron ser utilizados para mejorar la calidad del agua que ingresa al humedal. Con énfasis en los colectores de agua lluvia que son contaminados por las conexiones erradas provenientes de varias viviendas, en los barrios Niza Sur, Malibú, Batán y Recreo de los Frailes, este es el principal compromiso de la concertación.
Que el agua del humedal de Córdoba siga podrida y con olores putrefactos, afectando la salud de vecinos y visitantes, así como a la vida silvestre, ratifica que los derechos colectivos al ambiente que el fallo protegió, continúan siendo vulnerados.