Cuatro años después de haber iniciado su construcción, el nuevo alcalde de Bogotá, en compañía de varias instituciones y medios de comunicación, inauguró el 26 de marzo, el Aula Ambiental y la segunda fase de senderos elevados, en el sector dos del humedal de Córdoba, proyectos contratados en diciembre de 2019, por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). Todo ello junto con la invitación a los Bogotanos para que visiten, conozcan y disfruten de este espacio natural, el cual cuenta con cerramiento y vigilancia.
Pero no deja de sorprender que a pesar de su apertura al público, no es posible ingresar libremente al sector dos, porque se debe gestionar un permiso previo. Así lo comunicó la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), encargada de la administración de este espacio, “no cuenta con recursos programados ni ejecutados para la administración de los senderos y el aula ambiental”. Con una inversión de 15.600 millones de pesos, la EAB le entregó este mobiliario urbano a una institución que nunca ha contado con presupuesto suficiente, ni siquiera para su propia gestión.
Y esto ocurre porque en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se le quitó a la EAB la responsabilidad de destinar recursos para la administración de los humedales de la ciudad, que por más de una década había asumido. Dejando a las Reservas Distritales de Humedal a la deriva, con el encargo a la SDA de gestionar recursos en donde no hay presupuesto.
Es muy disiente que una de las empresas más poderosas de la ciudad, de las que más ingresos recibe, por facturación de agua y alcantarillado, sí haya tenido presupuesto para diseñar y contratar este proyecto de paisajismo, y para el modelo de operación no haya dejado un solo peso. Y sin embargo, sí continúen utilizando los humedales, ríos y quebradas como parte del sistema de alcantarillado sanitario de Bogotá, sin contraprestación alguna.
Es la gran farsa de inaugurar obras a puerta cerrada, que son de mostrar pero no para celebrar, dejando otra vez de lado las intervenciones que sí solucionan la diagnosticada problemática de salud pública, generada por la contaminación del agua; e incumpliendo de paso con los acuerdos derivados el fallo de acción popular 0254, la Política Distrital de Humedales y las obligaciones derivadas en la declaratoria del complejo de Humedales RAMSAR de Bogotá, del cual Córdoba hace parte. Este ha sido el verdadero compromiso del Distrito Capital con la emergencia climática decretada por el Concejo de Bogotá desde el año 2020.