Con motivo del injustificado abandono de la obra de paisajísmo, desarrollada en el humedal de Córdoba y detenida desde finales del año 2021, el día 30 de julio se llevó a cabo una Audiencia Pública, coordinada por la Personería Delegada para Asuntos Ambientales de Bogotá.
Fue organizada en el humedal, junto al bosque protector del barrio Niza Antigua. Contó con la asistencia de vecinos, ciudadanos de otros sectores de la ciudad, protectores de otros humedales y de funcionarios de varias entidades públicas, entre ellas la Empresa de Acueducto de Bogotá-EAB y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA.
Tanto en la presentación del Equipo Interdisciplinario del humedal de Córdoba (veedores al cumplimiento del fallo de acción popular 0254), como en la de Defensores Humedal Córdoba (quienes solicitaron la audiencia), se denunció como este proyecto en particular no cumplió con la priorización definida en el Plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental, en la cual los proyectos para la descontaminación del agua y de la protección de la vida silvestre sí lo estaban.
Así mismo, se cuestionó la razón por la cuál la EAB y la SDA, no cumplieron con la jurisprudencia derivada del fallo de acción popular y con los compromisos adquiridos en el marco del segundo incidente de desacato del año 2007, al invertir 17.000 millones de pesos, en senderos elevados con sobredimensión estructural, en lugar de avanzar en la descontaminación del agua o en la recuperación de hábitat acuático.
Pero como siempre sucede en estos casos, tanto la Gerente de la EAB como la Secretaria de Ambiente, justificaron el proyecto y los permisos otorgados, porque según éllas todo fue legal. Pero en ningún momento se refirieron a la estricta observancia que debieron haber tenido con los compromisos adquiridos a través del fallo de acción popular y la obligatoriedad de su cumplimiento.
Era de esperarse lo sucedido, así funciona la administración pública, a través de contratos y de permisos derivados de actos administrativos, se legalizan intervenciones, que como en este caso, no cumplía con la ruta crítica establecida en el Plan de Manejo Ambiental.
Quedó por lo menos la constancia del ejercicio de participación ciudadana y la solicitud de mayor coherencia y respeto por nuestro patrimonio natural. ¿Qué dirá en su informe la Personería Delegada para el Ambiente, sobre este caso y sobre el accionar de los funcionarios públicos? Esa es la pregunta que quedó en el ambiente y de la cual después de dos meses no sabemos nada.